El conflicto laboral en la empresa textil Alal sumó un capítulo clave en los tribunales. Luego de meses de incertidumbre y falta de pagos, el juez laboral Ariel Brest dictó una medida cautelar que obliga a la firma a depositar $142.000.000 en un plazo máximo de 10 días. El monto representa el 50% de los créditos laborales reclamados por los 260 operarios despedidos. El ultimátum judicial: pagar o ir a remate La decisión del magistrado responde a la mora evidente del empleador, quien tras los despidos masivos no efectuó pago alguno. Si la empresa no deposita el dinero en el Banco de Corrientes en el tiempo estipulado, la Justicia procederá al embargo preventivo de bienes. En caso de persistir el incumplimiento, la orden es clara: esos bienes serán rematados para garantizar que el dinero llegue a los bolsillos de los trabajadores. “Es el piso, no el techo” A pesar del alivio que supone el avance judicial, el sentimiento en la planta de Goya es de firmeza. David González, delegado de la Asociación Obrera Textil (AOT), fue tajante: “Esta sentencia obliga al empresario a pagar el 50%, pero abre la puerta para que iniciemos acciones legales por el otro 50%. Seguimos peleando por el 100% de la indemnización, que es lo que corresponde por ley”. Cifras que duelen: el ejemplo de los 30 años La disparidad entre lo ofrecido originalmente por la empresa y la realidad legal es abismal. Según cálculos basados en la antigüedad de los operarios: Indemnización total (100%): Un trabajador con 30 años de servicio debería percibir más de $30.000.000. El depósito judicial (50%): Con esta orden, ese mismo trabajador recibiría cerca de $15.000.000. Para los empleados, aceptar la mitad no es una opción definitiva, sino un recurso de emergencia mientras continúa la batalla legal por el reconocimiento total de sus derechos tras décadas de trabajo. Navegación de entradas Tragedia en Resistencia: Un joven de 25 años murió electrocutado en una panadería
