El Fiscal General de la provincia, César Sotelo, dispuso la reapertura del expediente tras el polémico archivo de la causa inicial. La resolución establece que los actos de abuso denunciados constituyen torturas y sufrimientos innecesarios, encuadrando el hecho dentro de la Ley Nacional 14.346.

La causa por el maltrato sufrido por la perra “Alita” ha tomado un nuevo giro procesal. Tras un pedido de revisión impulsado por la querella, la máxima autoridad del Ministerio Público resolvió que la investigación debe continuar, corrigiendo el criterio previo que consideraba que el hecho no estaba previsto en la legislación vigente.

El conflicto legal: ¿Crueldad o laguna normativa?

El eje de la reapertura radica en una diferencia de interpretación técnica sobre la Ley 14.346 de Maltrato Animal:

  • Archivo inicial: La fiscalía original había archivado la causa sosteniendo que la zoofilia no figura de forma taxativa en el texto de la ley.
  • Nueva resolución: El Fiscal General Sotelo rectificó esta postura, aclarando que el daño intencional y la perversidad denunciados se encuadran perfectamente en el Artículo 3 de la norma. Dicho artículo sanciona explícitamente el causar “torturas o sufrimientos innecesarios” a los animales.

Antecedentes del hecho

El caso se remonta a fines de febrero, cuando la propietaria de “Alita” denunció a un vecino, identificado como A. Centurión, por someter a la perra a abusos reiterados.

  1. Evidencia: El ataque fue registrado en video, pieza que constituye la prueba fundamental del proceso.
  2. Rescate: Tras la denuncia, se activó un operativo de protección para retirar a “Alita” de la zona de riesgo y trasladarla a una veterinaria para su recuperación.
  3. Prevención: En el mismo procedimiento se resguardó a “Laika”, hermana de la víctima, debido a los testimonios de vecinos que señalaron antecedentes de ataques previos por parte del acusado hacia otros animales del barrio.

Nueva etapa procesal

Con la reapertura del caso, la investigación ha sido asignada a una nueva unidad fiscal:

  • Nueva Fiscalía: La causa quedó bajo la órbita del fiscal Jorge Antonio Casarotto (Titular de la UFIC N.º 9).
  • Objetivo: Se busca avanzar en la imputación formal contra el acusado bajo la carátula de crueldad animal, un delito que prevé penas de prisión y que busca sentar jurisprudencia sobre el alcance de la protección de la integridad de los animales domésticos.

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