En el cierre del período de sesiones extraordinarias, el oficialismo logró convertir en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil. Con un presupuesto asignado de más de $23.700 millones para su implementación, la normativa establece penas máximas de 15 años y prohíbe el contacto de menores con detenidos adultos. El Gobierno Nacional consolidó este viernes su agenda legislativa al obtener la aprobación definitiva del Régimen Penal Juvenil en el Senado. La medida, que ajusta la legislación argentina a los estándares de la región, tiene como eje central el descenso de la edad de punibilidad de los 16 a los 14 años. La votación y el consenso político Pese a que el objetivo inicial del oficialismo era fijar el límite en los 13 años, la propuesta de consenso con los bloques aliados alcanzó 44 votos a favor y 27 en contra. El proyecto contó con el respaldo de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y diversas fuerzas provinciales. Para garantizar la media sanción previa en Diputados (149 a favor y 100 en contra), el Poder Ejecutivo se comprometió a una partida presupuestaria de $23.720 millones. Este monto será destinado al financiamiento del sistema y a la firma de convenios con las provincias para su aplicación efectiva en todo el territorio. Escala de penas y modalidades de cumplimiento La nueva ley establece un sistema de castigos diferenciado según la gravedad del delito: Delitos menores y medios: Para hechos que contemplen penas de hasta 3 años, o de 3 a 10 años (siempre que no incluyan muertes o lesiones graves), se aplicarán medidas alternativas como: Prisión domiciliaria. Tareas comunitarias. Inhabilitación para conducir. Reparaciones económicas. Delitos graves: En casos de homicidios, robos con violencia, abusos sexuales o secuestros, la pena de prisión será efectiva. Sin embargo, la normativa reduce el máximo de reclusión de 20 a 15 años para los menores de edad. Centros especializados y prohibiciones Un punto fundamental de la reforma es la creación de institutos especiales de contención diseñados exclusivamente para jóvenes. La ley ratifica dos garantías infranqueables: Segregación total: Queda terminantemente prohibida la convivencia de menores con detenidos mayores de edad. Personal especializado: Quienes trabajen en estos centros deberán contar con formación específica en niñez y adolescencia. Con la sanción de esta ley, el Gobierno cierra un ciclo de sesiones extraordinarias con una victoria política que redefine el abordaje de la delincuencia juvenil en el país. Post Views: 11 Navegación de entradas Alerta de ANMAT: prohíben la venta de alisados y tratamientos capilares por riesgos para la salud
