El Gobierno extendió el plazo para frenar embargos y juicios fiscales contra las pymes

El Gobierno nacional extendió hasta el 30 de junio de 2027 la suspensión de los juicios de ejecución fiscal y de las medidas cautelares, como los embargos, que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede aplicar contra pequeñas y medianas empresas y pequeños contribuyentes.
La medida, impulsada por el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, busca aliviar la situación financiera del sector productivo y brindar mayor margen de maniobra a los contribuyentes que atraviesan dificultades para cumplir con sus obligaciones fiscales.

Para acceder a este beneficio, las empresas deberán contar con el Certificado MiPyME vigente. Sin embargo, la disposición no representa una condonación de las deudas acumuladas ni implica que se levanten automáticamente los embargos que hayan sido aplicados antes de su entrada en vigencia.
El paquete de medidas también contempla cambios en los mecanismos de regularización de deudas. Entre ellos, se amplió de 10 a 15 la cantidad de planes de facilidades de pago simultáneos que pueden mantener las PyMEs.

Además, se redujo del 10% al 5% el porcentaje de los pagos a cuenta exigidos para ingresar a estos esquemas, con el objetivo de facilitar el acceso a la financiación y permitir que más empresas puedan ponerse al día con sus obligaciones.
Otro de los puntos incluidos beneficia a las pequeñas y medianas empresas exportadoras, que ahora podrán utilizar sus saldos a favor para cancelar directamente deudas aduaneras.
Por otra parte, las entidades sin fines de lucro y los contribuyentes vinculados al sector de la salud también cuentan con una prórroga específica de la suspensión de ejecuciones fiscales, destinada a proteger el funcionamiento de sus actividades.

Con estas disposiciones, el Ejecutivo busca reducir la presión financiera sobre distintos sectores y evitar que las dificultades tributarias deriven en medidas judiciales que comprometan su continuidad económica.