Justicia en Corrientes: Condenan a 7 años de prisión a un docente por abuso sexual en el aula

El Tribunal, bajo la titularidad del Dr. Facundo Esquivel, halló culpable a Omar Acosta, docente y arquitecto, por el abuso agravado de dos alumnas de 13 y 14 años. Los hechos ocurrieron en 2022 dentro de la Escuela Uocra. Además de la pena de cárcel, el sentenciado fue inhabilitado por una década para ejercer la docencia.

La sentencia, dictada este jueves tras una semana de debates intensos, marca un precedente sobre la seguridad en las instituciones públicas de la provincia. La justicia acreditó no solo los hechos de abuso físico, sino también un patrón de hostigamiento e insinuaciones sexuales constantes hacia las menores.

Detalles de la Sentencia Judicial

La resolución del tribunal unipersonal estableció las siguientes sanciones y condiciones legales:

Cronología y Mecánica del Delito

De acuerdo a la acusación sostenida por la fiscalía y la querella, el accionar del docente se desarrolló bajo una dinámica de poder y acoso:

• Fecha del hecho: Noviembre de 2022.
• Contexto: Durante el dictado de clases presenciales en una escuela pública.
• Modus Operandi: El docente realizaba tocamientos a las alumnas y mantenía una conducta de “insinuaciones constantes” que se producían antes, durante y después de los ataques físicos.

Sustento Probatorio

La condena se basó en una serie de pruebas técnicas y testimoniales que resultaron contundentes para el magistrado:

1. Cámara Gesell: Los relatos de las víctimas, incorporados mediante este protocolo, fueron fundamentales para reconstruir los hechos sin revictimizarlas.
2. Testimonios Clave: Declararon docentes de la institución (incluyendo a quien brindó la primera contención), la madre de una de las menores y psicólogos del Poder Judicial.
3. Investigación Fiscal: A cargo de la UFIC N° 5 (Dr. Ángel Machado), con la intervención de la Asesoría de Menores e Incapaces.

Análisis de la Situación y Repercusiones

Un dato alarmante que trascendió durante el juicio es la posible existencia de otras víctimas que, por temor a represalias o falta de redes de contención, no se animaron a formalizar una denuncia penal en su momento.

Las familias de las víctimas manifestaron su conformidad con el fallo, destacando el valor de las adolescentes para afrontar un proceso judicial que duró casi cuatro años. Actualmente, corre un plazo de diez días hábiles para que la sentencia quede firme, en caso de no ser apelada por la defensa.