Piden indagar a José Luis Espert por presunto lavado de activos y uso de un contrato falso en su campaña

La fiscalía federal de San Isidro solicitó la indagatoria del exdiputado José Luis Espert por presunto lavado de activos. La Justicia sospecha que utilizó un contrato apócrifo para justificar el ingreso de 200 mil dólares a su campaña presidencial, fondos que habrían sido aportados por un empresario vinculado al narcotráfico.

1. Ficha de la Causa Judicial

La investigación pone el foco en el financiamiento político y en las maniobras presuntamente utilizadas para blanquear dinero de origen ilícito en el marco de la contienda electoral.

2. Las Inconsistencias y el Contrato Falso

La acusación de la fiscalía se sostiene en una serie de contradicciones y pruebas que desestiman la versión oficial presentada por el entorno del dirigente para justificar los fondos:

• La Justificación: Para explicar el origen de los 200 mil dólares recibidos de Machado, se presentó un supuesto contrato de consultoría firmado con Minas del Pueblo S.A., una empresa minera radicada en Guatemala que teóricamente era dirigida por el propio empresario.
• Las Pruebas en Contra: Al cruzar los datos, la Justicia logró comprobar que el exdiputado jamás registró viajes a territorio guatemalteco. Además, se constató que las instalaciones mineras relacionadas con dicha empresa nunca estuvieron operativas, confirmando la hipótesis de que se trata de un documento apócrifo.

3. Avance de la Investigación y Medidas Judiciales

Sospechas de Narcotráfico y Embargos: El fiscal Fernando Domínguez fundamentó su pedido de indagatoria argumentando que el dinero acercado por Machado —quien actualmente cumple condena en Estados Unidos— provendría directamente de redes de narcotráfico. Paralelamente, la Justicia amplió la mira y solicitó investigar el rol de Mariano Cosentino, contador de Espert, y de Varianza S.A., una firma creada en el año 2019 por el dirigente y su esposa, María Mercedes González. Como medida cautelar en el marco de la causa, los bienes del matrimonio ya se encontraban bajo inhibición general por orden del juez Lino Mirabelli.