Condenan a un exfuncionario de AFIP en Mendoza: robó celulares secuestrados y se los dio a su familia

Un exfuncionario de alto rango de la AFIP (actualmente ARCA) fue condenado en la Ciudad de Mendoza a tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El hombre reconoció haber robado seis teléfonos celulares de alta gama que habían sido incautados en una causa por contrabando, los cuales terminaron en manos de su esposa y sus hijos.

1. Ficha del Caso

La resolución del caso se dio a través de un juicio abreviado, donde la contundencia de las pruebas tecnológicas acorraló al acusado y lo obligó a admitir su culpabilidad.

2. La Maniobra y el Descubrimiento

La investigación interna y el posterior accionar de la Justicia Federal permitieron desentramar el engaño y rastrear el destino de los dispositivos robados:

• El Cambio: El robo se produjo en la Oficina de Mercaderías de Secuestro de la Aduana. Para evitar levantar sospechas inmediatas, Cabrera abrió las cajas incautadas, retiró los teléfonos originales y los reemplazó hábilmente por carcasas vacías, rellenando los espacios con algodón y otros fragmentos.
• La Detección: La grave irregularidad quedó al descubierto años más tarde. Durante una revisión física de control sobre el lote de elementos secuestrados, el responsable del área notó que los dispositivos móviles ya no se encontraban en el interior de sus empaques.
• Rastreo Tecnológico: Tras la denuncia, la Justicia Federal ordenó el rastreo de los números de serie (IMEI). Así descubrieron que los seis equipos habían sido activados y eran utilizados con líneas a nombre de la esposa y los hijos del exfuncionario, detectando incluso accesos a cuentas familiares de Mercado Pago desde esos mismos aparatos.

3. Sentencia Final y Cierre del Expediente

Acuerdo Judicial y Consecuencias: Ante la abrumadora evidencia digital en su contra, Cabrera, quien se desempeñaba en la División Investigaciones Narcotráfico al momento de cometer el ilícito, decidió reconocer su responsabilidad penal.

A través de un juicio abreviado, la Justicia homologó la condena a tres años de prisión. Por tratarse de una pena de ejecución condicional (en suspenso), el exfuncionario evitó ir a la cárcel, aunque la inhabilitación absoluta le impedirá volver a ejercer cualquier tipo de cargo en la administración pública de por vida.